El Gobierno de Ayuso ignora a los familiares de ancianos en residencias e incumple el acuerdo de la Dependencia (27/04/2023).
Con las modificaciones de la consejería madrileña al Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia se merma la calidad del servicio que reciben los mayores.
Lejos de mejorar la situación de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, donde la pandemia del coronavirus tuvo los efectos más duros y trágicos, el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso sigue sin poner su compromiso para evitar que algo similar -con la muerte de más de 7.000 mayores- pueda volver a pasar. Así, tal como como ha denunciado la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), las residencias de la Comunidad de Madrid tienen peores condiciones en comparación con cualquier otra comunidad autónoma.
Los pasados 13 y 18 de abril vencieron los plazos para efectuar alegaciones a dos Proyectos de Orden de la Comunidad de Madrid al respecto de las residencias, y Pladigmare hizo las correspondientes. En concreto al Proyecto de Orden rebelde al Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia -que fija los requisitos mínimos que deben reunir las residencias a partir de la entrada en vigor del mismo y de la normativa que elaboren las comunidades, y al Proyecto de Orden que modifica la Orden del año 1993, que establecía el Régimen de organización y funcionamiento de las residencias gestionadas y propiedad de la Comunidad de Madrid.
Tras contrastar estas dos órdenes con el Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia, en el que están todas las comunidades autónomas, Pladigmare ha denunciado la serie de cuestiones que la Comunidad de Madrid pretende incumplir, y con ello mermar la calidad del servicio que se le da a los mayores que se encuentran en las residencias de la región.
En primer lugar, tal como han venido denunciando en numerosas ocasiones los familiares de residentes, se suprimen sus derechos de participación, así como el Protocolo de prevención, detección y denuncia de malos tratos. Tampoco se respeta el límite de 120 plazas del Acuerdo de Dependencia para las nuevas residencias en las ciudades o zonas densamente pobladas, ni de 75 cuando se encuentran en zonas rurales, ni de 90 si están en localidades de densidad intermedia, al permitirse residencias de 150 plazas.
Además, en la Comunidad de Madrid se disminuye el porcentaje de habitaciones individuales que deben tener las residencias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecido en el Consejo Territorial (65%) dejándolo en el 50% y solo para las residencias de más de 50 plazas. Del mismo modo se aumenta el tamaño de las unidades de convivencia, establecido en 15 personas y elevado en la región gobernada por Ayuso a 25 individuos.
Esto se traduce en que si el 80% de las plazas de las residencias deben organizarse en unidades de convivencia de 15 personas, el Proyecto de Orden de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid establece ese porcentaje en el 33% y solo para los centros de más de 50 plazas.
Y también se hace desaparecer la distinción entre el Personal de Atención Directa de primer nivel y de segundo nivel que se estableció en el consejo territorial. De esta forma, el Proyecto de la región establece una ratio del 0,45 para el personal de atención directa, en general, que se transforma en un 0,37 cuando las residencias son de menos de 50 plazas. Es a este respecto sobre el que Pladigmare denuncia que si las ratios son diferentes en función del tamaño de las residencias es porque “no están establecidas pensando en los cuidados que necesitan los residentes, sino en las necesidades de las empresas o los gestores”.
Conviene señalar también las excepciones que se establecen por parte de la Comunidad de Madrid en su proyecto: se excluye del cumplimiento de estos requisitos a más de 300 residencias (cerca de 150 de tamaño inferior a 50 plazas, las 111 que tienen en estos momentos plazas concertadas por incluirse en el Acuerdo Marco de 2021, las 18 de titularidad pública y gestión privada con contrato en vigor y las 32 del llamado Plan Velocidad).
Por todo ello, desde Pladigmare se denuncia que el proyecto lanzado por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid no respeta los mínimos establecidos en el acuerdo sobre los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia publicado en el BOE el 11 de agosto de 2022. “Empeoramos y se hace a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid ciudadanos con menos derechos que los del resto de comunidades autónomas, y se pone en peligro la asignación de Fondos Europeos dedicados a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en las residencias”, remarcan.
Enlace relacionado ElPlural.com 24/04/2023.
