Los sindicatos impulsan una huelga general contra la reforma de las pensiones de Macron (20/01/2023).
Las organizaciones sindicales francesas confían en movilizar a más de un millón de personas contra el retraso de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años.
¿El Gobierno de Emmanuel Macron se ha disparado en el pie? ¿Ha encendido él mismo la llama de la contestación? Los sindicatos franceses preparan para este jueves una huelga general contra la nueva reforma (o más bien dicho contrarreforma) de las pensiones, que elevará de los 62 a los 64 años la edad mínima para jubilarse. Por primera vez desde 2010, las organizaciones sindicales han compuesto un frente unitario —desde la moderada CFDT hasta las más combativas CGT y Sud-Solidaires— contra esta medida, la más dura sobre el sistema de pensiones desde que el presidente conservador Nicolas Sarkozy retrasó la edad legal de jubilación de los 60 a los 62.
Después de un último año marcado por la elevada inflación (del 6,7% en Francia) y las dificultades de los sindicatos para movilizar de manera multitudinaria contra las escasas subidas salariales —pese al éxito de las huelgas de los trabajadores en distintas empresas, como Total o la SNCF—, los líderes sindicales afrontan este jueves con la confianza de desbordar las calles. “Será una movilización muy, muy fuerte”, aseguró el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, en declaraciones a la cadena de televisión France 3. “Debe ser igual de importante que las de 1995 o 2010”, añadió refiriéndose a otras históricas movilizaciones contra intentos de recorte del avanzado sistema de jubilación en Francia, uno de los países europeos con un menor porcentaje de gente mayor pobre.
Las organizaciones de trabajadores confían en reflejar en la calle la oposición mayoritaria a la reforma. Entre el 75% y el 55% de los franceses se oponen a elevar la edad mínima de jubilación hasta los 64 años, según los distintos sondeos publicados en las últimas semanas. Este rechazo resulta transversal, desde los votantes de izquierdas hasta los de la ultraderechista Marine le Pen, pero también una parte del electorado de la derecha republicana y del macronismo. Solo la respaldan la patronal, categorías acomodadas y los actuales pensionistas. Unos sectores que representan el núcleo duro del electorado de Macron. “Esta reforma será adoptada y entrará en vigor”, advirtió Aurore Bergé, responsable del grupo parlamentario del partido del presidente en la Asamblea Nacional.
Recortar el gasto en pensiones
El Ejecutivo anunció la semana pasada su voluntad de elevar dos años la edad legal para retirarse de la vida laboral. Tras haber prometido durante la campaña presidencial en primavera que la retrasaría de los 62 a los 65 años, Macron se decantó al final por los 64 en aras de lograr el respaldo de Los Republicanos (afines al PP en Francia) en la Asamblea Nacional, donde el macronismo no dispone de la mayoría absoluta.
A cambio de ello, se acelerará el alargamiento del periodo de cotización para recibir una pensión completa, que será de 43 años a partir de 2027, en lugar de 2035 como está previsto en la legislación actual. Todas aquellas personas que no hayan cotizado ese tiempo deberán jubilarse a los 67 años o bien cobrar una pensión más baja. Para justificar esta medida de recorte del gasto social —de unos 10.000 millones de euros según estimaciones gubernamentales—, el Ejecutivo lo argumenta por el déficit del sistema de jubilación dentro de unos años: “El equilibrio está amenazado y es un hecho incontestable. Su déficit será de 13.700 millones a partir de 2030”, advirtió el ministro de Economía, Bruno Le Maire.
“Representa apenas un déficit del 3% del gasto total en pensiones. No podemos decir que el sistema está en peligro con un déficit del 3% y teniendo en cuenta además que actualmente es excedentario”, explica a El Salto el economista Thomas Porcher, miembro del colectivo keynesiano Les Économistes Atterrés. Según este profesor en la Paris Business School, “el objetivo de la reforma no es salvar el sistema público de pensiones, sino disminuir el gasto público para compensar los regalos fiscales a las empresas, como la disminución en 8.000 millones de los impuestos de producción”.
Pese a tratarse de una reforma neoliberal de manual, el Ejecutivo habla de “justicia” y de “progreso social”. Insiste en que el texto aumentará en 100 euros y establecerá en 1.200 euros la pensión mínima para todos aquellos jubilados con una carrera completa cobrando el salario mínimo. “El hecho de establecer una pensión mínima equivalente al 85% del salario mínimo (1.200 euros actualmente) es algo que existe en la legislación en Francia desde 2003, pero que ningún gobierno aplicó desde entonces”, recuerda Porcher sobre una medida “de la que se beneficiarán muy pocas personas”, puesto que la mayoría de jubilados pobres, mujeres muchos de ellos, “se caracterizan por no disponer de una carrera completa”.
Un tercio de las escuelas cerradas
Si la reforma sale adelante, el Ejecutivo macronista acabará con una de las especificidades del sistema de pensiones galo. Al compaginar una edad de jubilación relativamente baja (62 años) con un largo periodo de cotización (42 años), el momento de retirarse de la vida laboral se adapta a la trayectoria de cada uno. Es decir, aquellos que no hicieron estudios universitarios y empezaron a trabajar antes —a menudo ejerciendo los oficios más exigentes físicamente y con esperanzas de vida más reducidas— pueden retirarse antes, mientras que los que fueron a la universidad ya suelen jubilarse actualmente a los 65 o 66 años, o incluso más tarde.
“Con su reforma de las pensiones, el poder se prepara para hacer todo lo contrario” de pedir un mayor esfuerzo fiscal a los más ricos. “Su objetivo es hacer unos ahorros de 20 mil millones de euros (…). El problema es que estos 20 mil millones se harán a partir del sacrificio de los más modestos”, criticó el economista Thomas Piketty en un artículo para el diario Le Monde. “Se trata de una reforma brutal y nos vamos a movilizar por la injusticia de que los más pobres y los trabajadores paguen por los pequeños problemas de financiamiento del sistema de pensiones”, declara Caroline Pecqueur, profesora y militante del sindicato SNUipp-FSU.
Según esta organización educativa, la más importante en la educación primaria, “al menos una tercera parte de las escuelas estarán cerradas” y el 70% de los maestros harán huelga. “Desde 2019, no habíamos tenido estos niveles de movilización”, afirma Pecqueur, refiriéndose a la oleada de protestas de hace cuatro años contra la primera contrarreforma de Macron sobre las pensiones, al final abandonada por la pandemia del covid-19. “Quizás la medida de hace cuatro años —un complejo sistema por puntos que debía reemplazar al modelo actual de distintos regímenes de cotización— resultaba más perjudicial para los profesores, pero ahora está más presente la convicción de que se trata de una reforma injusta”, añade.
Como suele suceder con las jornadas de huelga en Francia, el seguimiento variará en función de los sectores. Está previsto un respaldo multitudinario entre los agentes ferroviarios —apenas circularán trenes regionales y menos del 30% de los de alta velocidad—, los conductores de autobús y metro —varias líneas quedarán completamente cerradas en París—, en el sector energético y en el conjunto de la función pública. En el sector privado, el apoyo resultará mucho más heterogéneo. Pero ya han anunciado que apoyan la movilización sectores tradicionalmente poco contestatarios, desde el cuerpo diplomático hasta los asalariados de las empresas de videojuegos, pasando por los empleados de Amazon y las vendedoras y vendedores de Sephora.
Casi 200 manifestaciones convocadas
Cerca de 200 manifestaciones están convocadas en el conjunto del país vecino. Tanto Martinez como Fabien Roussel, líder del Partido Comunista, han asegurado que esperan superar el millón de manifestantes, como sucedió con las movilizaciones de 1995, 2010 o 2019. Sin duda, se trata de un objetivo ambicioso, teniendo en cuenta las dificultades de los sindicatos y movimientos sociales para movilizar desde la pandemia del covid-19, que provocó un cierto repliegue social.
“La unidad sindical favorece que aquellos trabajadores reticentes terminen saliendo a la calle”, destaca el politólogo Jean-Marie Pernot, especialista de las organizaciones sindicales y autor del libro Le syndicalisme d’après. Este investigador asociado al IRES cree que la huelga del jueves “resultará probablemente un éxito”. Sin embargo, el gran desafío para los sindicatos y la izquierda será mantener esta presión social en las próximas semanas. Organizaciones de jóvenes impulsan otra manifestación el sábado en París con el respaldo de la Francia Insumisa, aliados de Podemos en el país vecino. Y probablemente habrá otra huelga general el 26 de enero.
Según Pernot, “estas movilizaciones representan una prueba tanto para los sindicatos como los partidos de izquierda”, que tras unos últimos meses caóticos —debido a los casos de violencia machista de dos dirigentes— aspiran a volver a ser la punta de lanza de la oposición al macronismo. “Será probablemente un acontecimiento que marcará el segundo mandato de Macron. ¿Estamos ante la última gran batalla social antes de la llegada al poder de Le Pen?”, se pregunta este politólogo, con cierto pesimismo. Si las organizaciones sindicales logran movilizar de manera multitudinaria y Macron las ignora, asumirá un riesgo mayúsculo: dejar en manos de la ultraderecha la rabia y el resentimiento alimentados por el neoliberalismo.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 19/01/2023.
