La sanidad que necesitamos y la que nos proponen Unidos Podemos y el PSOE.

Ante la nueva llamada a las urnas, desde CAS hemos analizado las principales propuestas sanitarias de los dos partidos que dicen pelear por el espacio “socialdemócrata”, encontrándonos, con una ambigüedad aun mayor que la de las elecciones de hace seis meses, con promesas que no se concretan en absoluto en cuanto a garantizar un sistema sanitario fuera del control de los intereses privados.

Universalización de la asistencia / gasto sanitario.

Ambos coinciden en propuestas como la “universalización de la asistencia” y la derogación del Real Decreto 16/2012 (elementos que reconocemos positivos); o en la necesidad de incrementar el gasto sanitario (hasta el 6,8 % del PIB Podemos y al 7 % el PSOE), aunque cualquier incremento del gasto, si no se asegura que no va ir a manos privadas, como ocurre actualmente, no  significa ningún paso en la línea del reforzamiento de los centros sanitarios de gestión directa(1).

Privatización / prohibición del ánimo de lucro en el SNS. 

Ambos eluden posicionarse contra la parasitación del sistema estatal por las empresas privadas. Así, tanto en los 50 puntos de Unidos Podemos, como en el programa de Podemos, desaparece cualquier referencia a la derogación de las leyes que permiten actualmente la privatización de la sanidad, cuando hace 6 meses Podemos sí defendía la derogación de la Ley 15/97. El PSOE por su parte promete “recuperar el carácter público”, pero no explica cómo.

Ninguno dedica una línea al futuro de las decenas de centros privatizados desde 1999, quizás porque los resultados del año de gobierno en conjunto en el País Valenciano, donde nos prometieron “rescatar los hospitales privatizados”, han quedado, por el momento, en agua de borrajas(5). 

El papel del sector privado no parece peligrar, dado que Podemos no lo cita y el PSOE garantiza que el “sector privado pueda desarrollar un rol complementario”, a la vez que anuncia “medidas que fomenten la autonomía de gestión”, es decir la aplicación del modelo empresarial de la gestión clínica que ya ha puesto en marcha en Andalucía y Asturias.

Farmacia. 

Unidos Podemos promete “estudiar y evaluar la cartera de medicamentos financiados para después proceder a su ampliación”, así como el “rechazo de la implantación del repago  farmacéutico”.  En cuanto al problema central del sistema sanitario, que es la absoluta dependencia de Farmafia, promete “buscar vías de acuerdo con los laboratorios para poner fin a la especulación de los precios de los medicamentos en el mercado mundial”, objetivo amplio donde los haya, y del que no formulan cual va a ser su estrategia para lograrlo, ya que no se posicionan por medidas básicas para poder presionar a las multinacionales, como pudieran ser la compra obligatoria centralizada, la dispensación en los propios centros, la creación de una industria farmacéutica pública, o la emisión de licencias obligatorias para evitar el chantaje de las multinacionales (recordemos el caso de la hepatitis C).

El PSOE por su parte promete “revisar el copago farmacéutico…contemplando el establecimiento de topes”; desarrollar un “sistema de selección pública para medicamentos y productos sanitarios sin patente”; “actualización continua del precio de referencia y el impulso de los medicamentos genéricos”, así como “incrementar la compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios en todos aquellos casos en los que las CCAA de forma voluntaria consideren…..”

Desde nuestro punto de vista, se obvian una serie de medidas, fundamentales para garantizar realmente un sistema sanitario libre del ánimo de lucro y dirigido a satisfacer las necesidades de atención de la población, que ninguno de los partidos recoge: 

Derogación de la Ley 15/97. Rescate de los centros privatizados que, mediante un estudio independiente se demuestren necesarios. Rescisión de los contratos que se consideren innecesarios (se trata de centros construidos con dinero público, que han provocado el cierre de cientos de camas en centros estatales cuestionando su propia supervivencia).

Catálogo de prestaciones y de tiempos máximos de espera unificados, independientemente del lugar de residencia.

Derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. No más derivaciones a centros privados. Implantación de un turno de tarde para aquellas categorías necesarias con el fin de utilizar al 100 por 100 los recursos existentes, lo que permitiría reducir el paro y dar mejor atención.

Incompatibilidades absolutas público-privado para acabar con las corruptelas y el pluriempleo, permitiendo la creación de plazas para evitar la emigración entre los jóvenes profesionales.

Prohibición de cualquier sistema de incentivos económicos, todos ellos ligados a la reducción del gasto, la agilización de las altas, el deterioro de la calidad asistencial, etc.

Industria farmacéutica básica sin ánimo de lucro y distribución de los medicamentos más prescritos desde los centros sanitarios. Emisión de licencias obligatorias para los medicamentos más demandados o de alto interés, como es el caso de la Hepatitis C y otras enfermedades.

Planes urgentes de actuación sobre los productores de enfermedad y sobe los determinantes económico-sociales: contaminación atmosférica, tabaco, alcohol, agrotóxicos, alimentación, derecho a la vivienda, a la energía… etc.

Estos puntos son un resumen de nuestras propuestas para las pasadas elecciones generales.

10 de junio de 2016

(1) Llamamos centros estatales o de gestión directa, en contraposición a los privados-empresariales, a los mal llamados “públicos”, centros mantenidos con nuestro dinero, con personal dependiente de la Administración, pero en los que las decisiones se toman por los gestores y políticos de turno, sin ninguna posibilidad de participación real de pacientes y trabajadoras/es en su gestión.

(2) Pacto del Botánico.

Enlace CAS Madrid.

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