Irregularidades y deterioro de la salud mental, una radiografía de los CIE (15/06/2023).
El Servicio Jesuita Migrante presentó ayer, 12 de junio, su informe anual sobre la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros. La organización denuncia las diferencias en el trato que reciben las personas en función del centro en el que se hallan internadas, dándose una situación de desigualdad.
Partiendo de la desigualdad de base que consiste en acabar privado de libertad por lo que no es más que una falta administrativa como es no tener la documentación en regla, una vez las personas son detenidas y trasladadas a un Centro de Internamiento de Extranjeros, las desigualdades no cesan. Es sobre esta problemática, las diferencias de trato en estos centros, donde ha querido poner el foco el Servicio Jesuita Migrante en su informe CIE 2022. Diferencias que generan desigualdad.
La organización, que integran una red de entidades y colectivos en todo el territorio, cuenta con una mirada imprescindible en los CIE a través de las visitas que periódicamente hacen a las personas internas sus integrantes. El del año pasado, señalan, fue un año en el que el número de personas que llegaron a estar internadas en estos centros ascendió ligeramente hasta llegar a las 2.280 personas. Entre este más de dos millares de personas, había 11 menores. En los seis CIE que están actualmente operativos, han llegado a activarse 51 veces protocolos de prevención de suicidios.
A raíz de su trabajo en los seis CIE que existen operativos en el territorio, SJM destaca las diferencias en las normas del régimen de cada centro, una falta de armonización que redunda en que no todas las personas internas, más allá de que compartan una situación de detención, sean tratadas de la misma forma. La organización señala como causa de esta desigualdad a las lagunas en el reglamento, que lleva a que se apliquen distintos regímenes internos. La organización demanda a todos los actores implicados en la administración y funcionamiento de los centros que armonicen las normas que los rigen, y extremen el cuidado en la aplicación del internamiento, recurriendo a este solo como algo excepcional. Recuerdan asimismo que su objetivo es el propio cierre de los CIE.
En su informe SJM refiere un año más los obstáculos por parte del Ministerio de Interior a la hora de facilitar las cifras solicitadas, vulnerando la Ley de transparencia, al no cumplir los plazos. En base a la información finalmente aportada por la cartera de Marlaska, SJM manifiesta su preocupación por la salud mental de las personas internas así como por irregularidades debidas a internamientos que no encajan legalmente, como la de ciudadanos comunitarios o personas menores de edad.
De las 2.276 personas que fueron internadas en CIE en 2022, 44 eran mujeres. Durante el año pasado, se ha concretado un aumento en los internamientos de personas con orden de expulsión, frente a quienes tenían orden de devolución. Entre las personas internadas, el 41% llegó al centro tras su detención por estancia irregular, y en un porcentaje similar eran personas llegadas en patera.
En cuanto a las repatriaciones forzosas, poco más de la mitad, un 53,12%, de las 3.642 personas que fueron repatriadas, habían sido internadas previamente en un CIE. Este porcentaje se asemeja al de los años 2020 y 2021, pero es muy inferior al de los dos años previos a la pandemia. Por otro lado, el 45% de las personas que pasaron por alguno de los seis CIE que existen en el Estado salieron en libertad, el 70% en el caso de las mujeres. Tal y como se señala en el informe, en los Centros de Las Palmas y Algeciras, es donde se produjeron el mayor número de deportaciones, con un 82’5% y un 61% respectivamente, del otro extremo destaca, del CIE de Zona Franca, en Barcelona, salieron al 64% de las personas internas en libertad.
En su informe publicado ayer, el SJM alerta de dos irregularidades que persisten en el tiempo, y muestran cómo los CIE vulneran la normativa vigente: 11 menores llegaron a estar internados en estos centros durante 2022, junto a 42 personas comunitarias. Llama la atención particularmente el caso del CIE de Zapadores en Valencia, en donde estuvieron internados 7 de los menores y 26 de las personas comunitarias detectadas.
En lo referente a la crisis de salud mental entre las personas internas, es el CIE de Madrid el más señalado, con 27 de las 51 ocasiones en las que se tuvo que activar el protocolo de prevención de suicidios durante el año pasado. Por otro lado se sometió a aislamiento a 185 personas, durante una estancia media cercana a cuatro días. Tres de cada cuatro de estas personas internas fueron aisladas, explica el informe, por “comportamientos violentos” o por estar afectadas por covid 19, por otro lado, en el marco del deterioro de la salud mental, la motivación para aislar al 15% de estas personas tuvo que ver con intentos de autolesión.
Para profundizar en la situación anímica y de salud mental de las personas internadas, SJM junto a la Universidad de Sevilla realizaron un estudio en el que detectaron un panorama alarmante, 7 de cada 10 personas internas mostraban síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión, y habrían llevado a cabo tentativas de autolesión. En la gran mayoría de los casos, un 70%, fue el internamiento el desencadenante de estas situaciones. En su trabajo las entidades llegan a dos conclusiones: de un lado, la calidad de las condiciones del internamiento puede reducir estas situaciones, además, es necesario que se cubran las necesidades de escucha de las personas internas y se dote de herramientas psicosociales al personal de los CIE.
Por otro lado, detalla el informe, la red SJM sigue registrando malas prácticas en los CIE: los equipos que visitan los centros refieren disfunciones tanto ante quienes desean solicitar protección internacional como hacia las personas internas que sufren problemas de salud. Destaca el caso de una persona interna que solicitó y, en lugar de ser entrevistado como procede en estas situaciones, fue puesto en libertad tras firmar un documento en el que renunciaba al asilo.
Asimismo, en el informe se exponen algunas resoluciones de los juzgados de control de Madrid, que incluyen algunas demandas de la sociedad civil, introduciendo herramientas para reforzar el respeto a los derechos de las personas internas. Entre estas medidas destacan protocolos para la tramitación de quejas por malos tratos y modificaciones en el funcionamiento del servicio sanitario.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 14/06/2023.
