7.291 muertes sin explicación: familiares de residencias denuncian que Ayuso sigue bloqueando la verdad (26/05/2023).
Apenas aparecen en la agenda electoral, pero familiares de las residencias se han querido hacer presentes este miércoles para denunciar que más de 7.000 mayores perecieron en el interior de las residencias por los “protocolos de la vergüenza”.
Grupos de turistas, paraguas en mano, hacen piña en la madrileña puerta de Sol. La maquinaria de obra, que continúa modelando el paisaje tras muchos meses de accidentada remodelación, viene y va y del balcón del edificio de la Comunidad de Madrid cuelga una pancarta felicitando al Real Madrid. “Enhorabuena, campeones”, se lee. Debajo de ella, seis mujeres sujetan una pancarta. “7.291 muertes sin asistencia sanitaria en residencias ¡Verdad y justicia!” , se lee. El trasiego de una mañana de miércoles en la principal plaza de la capital pasa inmune a su demanda. “Somos invisibles”, se queja Carmen López, presidenta de la Asociación de los Derechos de los Mayores y sus Familias, ADEMAF y portavoz de Marea de Residencias.
Durante los meses más duros de la pandemia, perecieron 9.468 ancianos y ancianas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. El 77% de ellos, esto es 7.291, murieron sin ser trasladados a un hospital a causa de los protocolos de exclusión sanitaria firmados por altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quien este domingo se enfrenta a la reelección. Según las encuestas, Ayuso rozaría la mayoría absoluta, ante la perplejidad de los familiares de residentes, aglutinados en las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias, que hoy convocaban a los medios frente a la puerta donde duerme el bastón de mando de la comunidad.
Entre ellos el padre de Mercedes Huertas. Su padre falleció el seis de abril de 2020 en la residencia Adolfo Suárez. Denuncia que le aplicaron cuidados paliativos sin apenas tener síntomas de covid y que acabó muriendo en una cama de esa residencia sin ser derivado. Su caso ya está en el Tribunal Constitucional, uno de los 30 que ha llegado hasta esta alta instancia, después de las más de 300 querellas que han presentado desde Marea de Residencias, archivadas en primera instancia en su gran mayoría. “A mí padre le condenaron a morir. Sin saber si era positivo de covid el día 2 de abril le empezaron a dar paliativos. Falleció en la residencia el día 6 sin ser derivado a un hospital”, expresa Huertas. “Mi padre solo tenía 37,5 de febrícula pero decidieron quitársele de en medio, tenía 84 años y era un gran dependiente. Las familias apenas tuvimos información. Yo sólo le vi una vez por vídeo y se le veía tranquilo, sin síntomas de asfixia. Pero ya llevaba dos días sedado, no te respondía”, explica Huertas.
La Consejería de Sanidad emitió cuatro protocolos: el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo. Estos impedían el traslado de pacientes, que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema, donde fueron atendidas 3.811 personas y solo 23 residentes de las residencias, a los hoteles medicalizados o a los hospitales privados, salvo que la persona tuviese seguro privado. Así lo han resumido los familiares de residencias en un comunicado leído entre lágrimas e impotencia. Nadie se para al escuchar sus relatos, excepto un viandante indignado que increpa a los allí presentes.
“Ayuso nunca ha intentado reunirse con nosotros pero la verdad es que los familiares que hemos perdido a alguien en las residencias no podríamos ni mirarla a la cara. Sería muy violento para nosotros enfrentarnos cara a cara con la que consideramos que es la que ha promovido unos protocolos para que nuestros padres murieran sin asistencia”, asegura Carmen López.
Y es que su sufrimiento y su búsqueda por conocer la verdad aún no ha tenido ningún respaldo institucional. “Hasta el momento, actuaciones tan graves no han tenido ninguna consecuencia para los dirigentes políticos responsables de las mismas, ni política, ni judicial, ni de ningún tipo”, se quejan los familias. Y señalan a Isabel Díaz Ayuso por su actitud: “Ella no sólo no ha pedido perdón por hechos tan dramáticos, sino que incluso los niega y, en nombre del dolor de las familias, ha impedido que se investigue”, aseguran. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sufrió un cierre forzado debido al adelanto electoral y el gobierno del PP se ha opuesto a su reapertura una y otra vez.
Comida caducada
“No es verdad todo lo que dicen. La comida, una foto de un táper, de dónde ha salido eso, vete tú a saber de qué nevera”. Este 17 de mayo, en un mitin plagado de simpatizantes, Ayuso volvía a arremeter contra los familiares de residencias. Esta vez por sus quejas actuales, ya que la situación de estos centros, tal y como denuncian, poco a cambiado tras la pandemia.
La denuncia de la mala calidad de la comida en residencias públicas, con fotos que se han viralizado por redes sociales y que han provocado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, provocó también la expulsión de siete familiares de residencias de un mitin de la actual presidenta. Pretendían hacer un “grito silencioso” exhibiendo carteles. Pero no pudo ser.
“Si Ayuso se hubiese pasado por sólo una de las residencias de la Comunidad de Madrid hubiese visto la situación. Si realmente estuviese interesada por este tema, hubiesen cambiado las condiciones de vida de estas personas si hubiesen tomado medidas hace tres años porque esto no es de hoy”, se quejaba este miércoles Mercedes Pastor, otra de las portavoces de los familiares en lucha, con la voz compungida. “En las residencias pagas un dineral y el servicio que prestan no tengo la palabra para calificarlo. No se puede tratar así a las personas y menos ellos, que son vulnerables”, ha zanjado.
Y, pese al transcurrir ajeno de los hechos, hoy las familiares no estaban solas. Para arroparlas han acudido la Plataforma de Afectados y Afectadas por la Línea 7 B de Metro San Fernando, quienes han recordado que hoy hay familias durmiendo en un parque por haber perdido sus casas ante el riesgo de derrumbe, así como la Plataforma Taxi Project, la Asamblea de Trabajadores SUMMA 112, quienes han recordado el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias y la precariedad en la atención de las urgencias a domicilio, así como los Vecinos y vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, quienes lideraron la revuelta sanitaria.
“Si dejamos pasar este hecho de que no se investiguen las más de 7.000 muertes que han sucedido en las residencias lo que estamos haciendo es abrir la puerta a que Ayuso haga a su antojo lo que quiera y es un ataque directo a los derechos fundamentales a la salud y a la vida”, concluía Damián Caballero, portavoz de las vecinos y vecinas en lucha por la sanidad. “Si esto queda impune estamos abriendo la puerta a que la vulneración de cualquier derecho sea gratis y diaria”, zanjaban desde Marea de Residencias para finalizar el acto.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 24/05/2023.
