De inflación y resistencias: la cuestión de la vivienda en Nueva York (19/09/2022).
Los sindicatos de inquilinas defienden cancelar las deudas por rentas de alquiler y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda.
La economía estadounidense ha entrado en recesión. Ese era el titular generalizado a principios del verano, cuando el PIB del país norteamericano volvía a caer en el segundo semestre de 2022. La paradoja está en que, pese a dos semestres consecutivos de contracción económica y con una inflación desbocada, apenas se ha destruido empleo. En esta tesitura, existen diferencias en el análisis. En lo que sí hay coincidencias, no obstante, es en que la recesión será una realidad en 2023. Entre los factores que explican esta situación se encuentran la crisis de acumulación de capital y la guerra en Ucrania, con el encarecimiento de la energía, lo que ha añadido disrupciones en las cadenas de suministro de todo tipo de bienes –en algunos casos, arrastrando problemas desde la pandemia–, abundando en la escasez en determinados mercados y contribuyendo a dicha inflación. Estados Unidos cerró el segundo semestre de 2022 con un encarecimiento de precios acumulado anual del 9,1%, el mayor en 40 años, a lo que ha respondido la Reserva Federal subiendo los tipos de interés. Si bien el foco se pone en los recientes acontecimientos globales, la inflación también se retroalimenta con factores internos y, entre ellos, cabe resaltar el aumento de los precios de la vivienda. El mercado inmobiliario de Nueva York es un buen ejemplo de esta deriva. En la locomotora económica del país y una de las capitales globales, la vivienda se ha convertido en un campo de batalla. Sin embargo, la situación no es del todo nueva. Para comprender la cuestión de la vivienda en Nueva York necesitamos un breve contexto.
La propiedad privada, especialmente de bienes inmobiliarios, es un principio clave del “sueño americano” por el que cualquier persona puede adquirir una vivienda sin importar su estrato social. Esta estrategia gubernamental que data de la Guerra Fría pretendía la desmovilización social y era, en cualquier caso, geográficamente desigual. En las grandes ciudades, como Nueva York, una mayoría de la población no ha podido tradicionalmente permitirse comprar una vivienda; se trata de aquellas personas, en muchas ocasiones migrantes, con empleos poco cualificados pero esenciales para la reproducción social del capitalismo. Esta población es el germen de las primeras conquistas en materia de vivienda en otro contexto de inflación de precios relacionado con un conflicto bélico, la I Guerra Mundial. Robert Fogelson narra en The Great Rent Wars cómo el incremento de los alquileres en viviendas con condiciones insalubres en barrios obreros de la Gran Manzana provocó una fuerte organización social por la mejora habitacional. El mayor logro del movimiento fue la política de control del alquiler, que sigue vigente, y por la que buena parte de los arrendadores no puede aumentar la renta libremente en sus propiedades, sino que están sometidos a unos porcentajes anuales determinados por una comisión municipal. Como consecuencia del New Deal tras la II Guerra Mundial también se intensificaron los proyectos de vivienda pública que, a diferencia de España, nunca pasa a manos privadas. La New York City Housing Authority (NYCHA) es actualmente la mayor agencia de vivienda social del país.
Un siglo después nos encontramos con una situación de rápido incremento de precios inmobiliarios, aunque se observan diferencias. En el contexto pandémico los precios cayeron y apenas dos años después se recuperan con virulencia; los apartamentos de renta libre pueden ver incrementado su alquiler hasta un 70%. A la par, tras décadas de neoliberalismo, las políticas de vivienda que protegen a una mayoría social están en regresión, lo que se une a una profunda presión inmobiliaria por la demanda global de grandes fortunas que desean adquirir una vivienda en Nueva York. El precio del alquiler es el más elevado del país, creciendo en los últimos meses hasta alcanzar la mediana los 4.000$ al mes. Por tener una referencia, el salario medio mensual no llega a 6.000$, teniendo en cuenta que existe una diferencia abismal entre los sueldos en compañías globales y el resto de la población, sobre todo aquella con trabajos precarios. El resultado es que los estratos de las clases medias no pueden permitirse comprar una vivienda, mientras que las clases trabajadoras, todavía en su mayoría migrante, destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. A este contexto ha contribuido que el número de apartamentos con control del alquiler se haya reducido desde los noventa, cuando el ayuntamiento permitió que muchos propietarios abandonaran el programa a través de diferentes vías. No obstante, se calcula que un 42% del inquilinato todavía tiene la renta estabilizada, siendo el último dique de contención ante la rápida escalada de precios.
La defensa del control de precios del alquiler es una batalla que se libra en varios frentes. De un lado, en el campo mediático, los lobbies de propietarios argumentan que la renta que reciben no alcanza para mantener los edificios en condiciones óptimas de habitabilidad en un contexto de inflación. Unos propietarios que siempre aparecen como familias de clase media con una segunda vivienda que arriendan para tener ingresos extra. Ahora bien, la mayoría de los propietarios de viviendas con control del alquiler tienen más de 60 edificios (cada uno con varias viviendas). En el pico de la burbuja inmobiliaria previo al crac de 2008, varios fondos de inversión adquirieron 90.000 viviendas con el alquiler controlado. Los pequeños propietarios existen, pero son una minoría. De otro lado, se encuentran las prácticas que sufre el inquilinato en apartamentos con renta controlada. Existen denuncias por falta de reparaciones, plagas de insectos y roedores, propietarios que se niegan a firmar o renovar contratos con arrendatarios –especialmente con familias migrantes, aprovechándose de que no tienen lazos familiares en el país o no hablan bien inglés–, o propietarios que ocultan que el arrendamiento tiene el precio controlado por ley, exigiendo precios de mercado.
Las malas prácticas de los arrendadores, que no siempre se limita a los apartamentos con alquiler controlado, se solapa con otras, como el robo de escrituras. En febrero hubo un caso sonado en el barrio de Crown Heights en Brooklyn que sirve de ejemplo. El modus operandi es el siguiente: abogados buscan a propietarios en apuros económicos, normalmente personas mayores racializadas e incluso analfabetas, en zonas tradicionalmente poco atractivas para el mercado inmobiliario que ahora se gentrifican con velocidad. Estos abogados ofrecen a esas personas dinero en efectivo inmediato que deben devolver con bajos intereses donde la vivienda es la garantía. Sin embargo, los contratos que se firman no son créditos, sino compraventas. Una vez consumado el delito, el abogado revende la propiedad a un tercero, que se ampara en que compró de buena fe. El caso en cuestión, todavía en los tribunales, fue sonado gracias a la campaña contra el desalojo de una familia muy arraigada en el barrio que organizaron el Sindicato de Inquilinas de Crown Heights y el Brooklyn Eviction Defense. La estrategia incluyó varias personas 24 horas al día durante un mes en la puerta de la vivienda para evitar un eventual desalojo hasta que una resolución judicial paró el procedimiento para investigar el robo. Otros casos, en cambio, no han tenido tanta suerte. De hecho, en números generales, en la ciudad existen 200.000 procesos de desahucio y se calcula que 685.000 inquilinos deben renta. Cuando mucha gente se está todavía recuperando de la crisis del covid-19, las personas sin hogar están creciendo.
La situación empeora si atendemos a las políticas del nuevo alcalde. Demócrata y ex capitán de policía, Eric Adams ha lanzado una campaña para eliminar los campamentos de personas sin hogar, criminalizando al colectivo. Al mismo tiempo, la comisión municipal que gestiona los precios de los apartamentos con renta estabilizada ha acordado subidas de entre el 3,25 y el 5%, amparándose en que los propietarios tienen derecho a un incremento a causa de la inflación y la pandemia. NYCHA es el siguiente frente; hace poco ha salido a la luz un plan para su privatización. La solución gubernamental es seguir produciendo vivienda bajo la premisa de que, aumentando la oferta, bajarán los precios. Pero la vivienda no es una mercancía cualquiera y la prueba de que construir más no funciona es que, a pesar de los esfuerzos en los últimos años, los precios siguen al alza, especialmente en el contexto actual. Así, los sindicatos de inquilinas defienden cancelar las deudas por rentas de alquiler y avanzar hacia la desmercantilización de la vivienda. La renta limita un derecho fundamental y, además, bajo principios liberales, es una ganancia no productiva de los arrendadores: es un dinero que reciben por el que no han trabajado para ganarlo. El movimiento por el derecho a la vivienda en Nueva York sigue luchando por un acceso universal a este bien básico en nuestras vidas, siendo más necesario que nunca a las puertas de otra recesión.
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Jaime Jover es doctor en Geografía e investigador Postdoctoral en Estudios Urbanos en The Graduate Center, City University of New York.
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