Vecinos y ecologistas denuncian ocultación de pruebas en los vertidos de Valdemingómez (04/11/2022).
Asociaciones de vecinos y organizaciones medioambientales han vuelto a acusar al Ayuntamiento de Madrid de actuar con negligencia y falta de transparencia en el caso de la contaminación provocada por la Incineradora de Valdemingomez. Después de que el pasado 19 de octubre Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) presentasen denuncia ante Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid por el esparcimiento de cenizas de sacas rotas, operarios del vertedero de la incineradora habrían empezado a enterrar dichas sacas sin que se haya balizado la zona contaminada ni establecido un protocolo de descontaminación.
La denuncia ante el SEPRONA y este “entierro” de las sacas de cenizas rotas son el último episodio de un largo episodios de protestas vecinales y ecologistas contra la Incineradora de Valdemingomez, oficialmente Centro de Tratamiento Las Lomas, situado en el distrito de Vallecas. Un complejo en funcionamiento desde 1996, que gestiona la concesionaria Urbaser —antigua filial de ACS vendida en 2016 a un grupo chino y desde 2021 propiedad del fondo estadounidense Platinum— e incluye una planta de clasificación de residuos, la propia incineradora, la antigua planta de compostaje y el vertedero de la incineradora denunciado oficialmente en esta ocasión, que también han llevado ante la Fiscalía de Medio Ambiente los grupos políticos de Unidas Podemos, Más Madrid y Alianza Verde. También en el pleno municipal se pidió un análisis de las cenizas y vertidos que han alcanzado zonas habitadas.
“No hay una acción de descontaminación ni un plan para proteger el resto de sacas en el menor tiempo posible”, denuncia Enrique Villalobos
La rotura de las sacas del vertedero habría supuesto el esparcimiento por los alrededores de cenizas y residuos de los sistemas de depuración del Centro de Tratamiento por las zonas de Vallecas o los limítrofes municipios de Rivas y Getafe, aunque más allá de los testimonios de los vecinos no ha habido forma de medirlos. El pasado febrero se publicó el primer informa parcial de un estudio sobre instalaciones de este tipo de toda Europa realizado por Zero Waste Europe y en el que participa GRAMA que calificó las concentraciones de contaminantes de las muestras recogidas en el entorno de Valdemingómez como las más altas de las detectadas en todas las estudiadas, incluyendo las de países como Lituania y República Checa.
Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, atendió a El Salto para calificar como “una barbaridad” la medida y que “parece más un intento de ocultar pruebas que de atajar el problema”. Aunque celebra que haya algún tipo de medida de contención para impedir que se dispersen aún más cenizas, “no sabemos cuántas han caído fuera del recinto, porque el viento habrá hecho su labor. No hay una acción de descontaminación ni un plan para proteger el resto de sacas en el menor tiempo posible. Y además se debería comunicar a la ciudadanía qué tipo de actuaciones se están llevando a cabo”.
La FRAVM considera que el Ayuntamiento está cayendo en la dejación de funciones al alegar, en sus declaraciones públicas estos días tras las denuncia, que el vertedero se encuentra en una zona privada o “pasar la pelota” a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. “Nuestra denuncia al SEPRONA se basa en que se estaba incumpliendo la Ley de Residuos al no haber comunicado el vertido”, explica Villalobos. “Entendemos que en el momento que hay un vertido el procedimiento a seguir sería balizar la zona contaminada, comunicarlo a la autoridad competente y que dicha autoridad comunique un protocolo de descontaminación y abordaje del problema. Podríamos entender que hubieran echado tierra encima de las cenizas a modo de protección para que no siguiese vertiendo, pero tendría que estar balizado y comunicado el acto a la CAM, que por lo que dice la propia CAM, no ha sido así”.
“La exposición a esos contaminantes durante años y años más el aire que están respirando procedente de la incineradora es alarmante”, denuncia Raúl Urquiaga
A pesar de la insistencia de este medio, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han respondido a nuestras solicitudes de información al respecto. El presidente de las asociaciones de vecinos considera que el consistorio no está ejerciendo la labor de vigilancia ambiental de su territorio al que está obligado al ser un municipio de más de 50.000 habitantes en la medida en que “durante años” no ha chequeado el Centro de Las Lomas, pero además apunta a que “resulta extraño” la propia CAM no detectase en sus inspecciones “una montaña de sacas de diez alturas, sin protección, que los vecinos vemos y olemos perfectamente”. También apunta a la contradicción de que el Ayuntamiento de que el vertedero está en una zona privada “cuando la propia autorización ambiental integrada municipal identifica como propietario… al propio Ayuntamiento. O han vendido el terreno con nocturnidad o hay algo raro ahí. El Ayuntamiento es el generador de esos residuos y la competencia de la vigilancia ambiental. Debería velar porque no se gestionasen de esa manera”.
Raúl Urquiaga, portavoz de los ecologistas de GRAMA, recuerda que cualquier municipio de la zona es susceptible de ser afectado según el viento. “Perales del Río está a escasos cinco kilómetros, aunque los vientos dominantes no van en esa dirección, es una posibilidad”. Ha habido denuncias desde municipios como Pinto aunque “como no se han hecho ningún tipo de mediciones, ni lo sabemos ni lo vamos a saber a nunca”. El ambientalista recuerda que “todo esto también afecta a los asentamientos de la Cañada Real, que está a escasos cientos de metros. La situación nos consta que no es nueva, debe llevar varios años a tenor de la cantidad de sacas acumuladas. La exposición a esos contaminantes durante años y años más el aire que están respirando procedente de la incineradora es alarmante”.
Existen dos plataformas contra el Centro de Tratamiento de Las Lomas: La Alianza Incineradora de Valdemingómez No, formada por más de 40 entidades ecologistas y vecinales de la zona, que existe desde 2017 y ya llevó los hechos antes Fiscalía en 2021, y la Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez, que integra entre otras a la FRAVM y GRAMA. Ambas denunciaron en 2020 el fin del contrato con Urbaser, que no se renovó hasta mediados de este año, de manera que la incineradora estuvo funcionando casi dos años en un limbo legal.
Tanto la FRAVM como GRAMA han comunicado que están estudiando ampliar la denuncia ante el SEPRONA con las pruebas del “enterramiento” de las sacas. Raúl Urquiaga añade que “no nos vale que lo estén enterrando ahí de prisa y corriendo de cualquier manera. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ocurre en ese vertedero y, si siguen, volveremos a denunciarlo o veremos otras vías”.