Los sindicatos de inquilinos demandan medidas urgentes para regular los alquileres (26/09/2022).
Las medidas vigentes para contener la escalada de los alquileres no son suficientes y se necesita un plan de choque para acabar con las subidas del alquiler en un contexto de inflación superior al 10%. Este es el principal mensaje que trasladaron los sindicatos de inquilinos al secretario de Vivienda, David Lucas, en una reunión mantenida en la mañana de este 22 de septiembre.
Para estas organizaciones, las medidas tomadas hasta ahora —las rebajas de impuestos a la electricidad, el límite al precio del gas, el abaratamiento del transporte o las ayudas al combustibles— no abordan “el principal gasto de los hogares: la vivienda”.
La limitación de la subida de los alquileres al 2%, decidida a finales de marzo, solo se aplica a las actualizaciones anuales y no a las renovaciones de contrato, por lo que deja fuera una innumerable cantidad de casos. Además, denuncian los sindicatos, la medida fue adoptada “demasiado tarde” por lo que “muchos hogares sufrieron subidas desproporcionadas del alquiler entre octubre de 2021 y marzo de 2022 que nunca fueron revertidas”. La redacción de la norma, añaden estas organizaciones de arrendatarios, es “absolutamente deficiente”, lo que ha permitido a muchos propietarios “desinformar” a sus inquilinos y hacerles firmar “pactos que les perjudicarán”.
Antes del encuentro, los sindicatos se reunieron con los grupos políticos de la izquierda parlamentaria —ERC, EH Bildu, Podemos, BNG, Más País, Compromís, En Comú Podem, CUP— y recogieron su apoyo para implementar estas medidas urgentes para revertir la subida de los alquileres.
Urgente y temporal
Los sindicatos de inquilinos presentaron al Gobierno una batería de medidas urgentes y coyunturales que debería aprobarse dentro del próximo paquete anticrisis. La primera de ellas es la congelación de los alquileres a través de prórrogas obligatorias de contratos para evitar subidas o expulsiones al terminar el contrato, algo que ya está ocurriendo, según estas organizaciones.
Además, demandan una congelación del precio en las renovaciones interanuales anuales, es decir, pasar del 2% actual al 0%, y revertir las actualizaciones de alquiler realizadas desde el 31 de octubre de 2021 hasta marzo de 2022.
“Si para controlar el precio de la luz, hace falta tocar los beneficios de las eléctricas, para controlar el precio de la vivienda hay que tocar los beneficios del rentismo inmobiliario”
“El Gobierno dice gobernar para las clases populares y la clase media, pero debe actuar con contundencia frente a la especulación. Si para controlar el precio de la luz, hace falta tocar los beneficios de las eléctricas, para controlar el precio de la vivienda hay que tocar los beneficios del rentismo inmobiliario”, dicen los sindicatos en un comunicado.
Todas estas medidas no dejan de ser parches temporales a la espera de la aprobación de la Ley de Vivienda, un proyecto “estancado debido al inmovilismo del PSOE” y por las demandas de los socios de izquierda que se niegan a votar el proyecto si no se incorporan una serie de demandas históricas del movimiento de vivienda: una regulación de los alquileres que sirva para congelar y bajar los precios, la obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables en proceso de desahucio y el traspaso de todo el patrimonio inmobiliario de la Sareb al parque público. Sin embargo, el entorno de Unidas Podemos considera altamente improbable que esta Ley de Vivienda pueda ver la luz antes del final de esta legislatura.
Desde el inicio del curso, el movimiento de vivienda ha aumentado la presión para arrancar al Gobierno compromisos que alivien la situación de millones de familias. El 15 de septiembre, el Sindicato de Inquilinas de Madrid interrumpía un acto de Joan Clos, exalcalde de Barcelona y actual presidente de Asval, la patronal de los grandes tenedores, con una acusación en la mano: “Clos está subvencionado para dirigir la patronal inmobiliaria y usar sus contactos en el Gobierno para bloquear avances en derechos de vivienda”.
Un día después, el Sindicat de Llogaters hacía lo suyo en una charla de la ministra de Transporte y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para señalar su responsabilidad en la subida de los alquileres —“Sube el precio de todo, y encima permiten que las inmobiliarias nos trinchen”— y exigir un decreto urgente para limitar el precio de los alquileres como en Escocia.
Según la portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Arcarazo, los alquileres han subido en Barcelona una media de 100 euros en menos de seis meses. “Sería incomprensible que el Gobierno aprobara un nuevo paquete anticrisis sin incorporar una limitación real del precio del alquiler. ¡Ya no podemos más!”, añadía.
Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (22/09/2022).
