28 de octubre: huelga en el sector público (21/10/2021)
COMUNICADO UNITARIO DEL SINDICALISMO ALTERNATIVO
Tener unos servicios públicos dignos y de calidad es algo esencial para alcanzar la sociedad que queremos, una sociedad cohesionada y orientada a reducir y superar las desigualdades sociales, especialmente aquellas que afectan a los sectores más desfavorecidos, que sufren la crisis económica postpandémica con más dureza, la clase trabajadora y el conjunto de las clases populares. Sectores como la enseñanza pública, la sanidad, la justicia, los servicios sociales, asistenciales, de garantía de rentas, y un largo etcétera, son fundamentales para avanzar en la transformación que queremos para la nuestra sociedad, y que la mayoría de la población reclama en un sentido emancipador.
Las trabajadoras y trabajadores del conjunto del sector público sostienen con su trabajo diario la calidad de todos estos servicios, a veces en condiciones muy adversas, derivadas de las políticas de recortes, privatizaciones y desmantelamiento progresivo del ámbito público llevadas a cabo por los diferentes gobiernos. Además, la temporalidad en los últimos años ha crecido hasta situarse en torno al 30% de la plantilla total, siendo la mayoría mujeres que en régimen de interinidad o temporal llevan más de 3 años de servicios prestados y, en muchos casos más, incluso décadas sin que hayan salido a provisión reglamentaria, ni quienes las ocupan hayan tenido la oportunidad de consolidarlos.
Las últimas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son muy claras en el sentido de que hay que trasponer completamente la Directiva 1999/70 / CE sobre el trabajo de duración determinada al ordenamiento jurídico interno de España, con el fin de sancionar a la administración incumplidora que haya cometido abuso de temporalidad contra las personas trabajadoras, y disuadir también convenientemente su comisión en el futuro.
En este sentido, sentencias como la resolución del TJUE del 19 marzo de 2020, y la jurisprudencia posterior de este mismo tribunal, establecen bien claramente que los actuales procesos selectivos, de turno libre y resolución incierta, no se pueden considerar como una sanción adecuada al abuso y, por tanto, no son ninguna garantía para estabilizar las plantillas. Hay que sancionar la contratación abusiva, igualando los derechos con los que ostentan la condición estable en el mismo régimen jurídico, es necesario avanzar en el reconocimiento del carácter fijo de la relación laboral para quien está ocupando plazas de carácter estructural con contratos o nombramientos temporales.
Este nuevo marco normativo, necesario para estabilizar realmente las plantillas, en ningún caso puede responder a la lógica de la propuesta presentada por el Gobierno y negociada con la burocracia sindical de las tres centrales estatales mayoritarias: CCOO, UGT y el CSIF. El real decreto ley 14/2021, conocido como "Icetazo" representa la reedición de la versión más dura y excluyente hacia las personas trabajadoras temporales de las viejas formas de entender la "estabilización", ya fracasadas en el pasado. Una propuesta que, si no es sustancialmente modificada en el actual trámite parlamentario como proyecto de ley, implicará un auténtico ERE de extinción; el despido masivo para miles de personas trabajadoras del sector público. Un despropósito que hay que cambiar de manera urgente los próximos días y semanas.
La "fijeza" debe ser entendida como la estabilización del personal interino o laboral temporal, facilitando la modificación de su situación para alcanzar su funcionarización o bien estableciendo contratos / nombramientos fijos. Esta debe ser la respuesta a la alta temporalidad existente en contraposición a los acuerdos firmados en 2017 y 2018 entre el anterior Ministro Montoro y los sindicatos del régimen y ante este nuevo "proceso de estabilización "que se quiere poner en marcha con el" Icetazo ".
Por ello, el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad que se está tramitando en el Congreso de los Diputados debe terminar recogiendo este nuevo derecho en su articulado. Un nuevo derecho que dé el paraguas legal a las diferentes administraciones y empresas públicas para promover el carácter fijo de su relación laboral a quien trabaja en fraude de ley. Un nuevo derecho para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas empleadas públicas.
Por todo ello, los sindicatos firmantes denunciamos que el real decreto ley conocido como "Icetazo": vulnera la normativa y la jurisprudencia europea al no establecer ninguna sanción adecuada y disuasoria a la administración pública por el abuso cometido, y no hace más que castigar al personal abusado, poniendo en riesgo su continuidad en el puesto de trabajo. Pedimos su derogación inmediata. Exigimos que la nueva ley que se está tramitando recoja la fijeza como a sanción al abuso de temporalidad.
Por ello, en un momento crítico donde el futuro laboral de miles de trabajadoras está en juego, convocamos huelga estatal en el sector público el próximo día 28 de octubre y llamamos a la organización de asambleas para establecer una posición clara de rechazo al despido masivo que implica la Icetazo. Hay que parar los centros de trabajo y salir a las calles para ganar la estabilidad de quienes trabajan en la pública.
NINGUNA INTERINA EN LA CALLE, LAS QUE ESTÁN SE QUEDAN.
