3. Sanidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones.(15/06/2020)
Desde que en el 2012 se nos arrebatara el derecho a la salud se han sucedido las políticas de apartheid sanitario, independientemente del gobierno de turno.
El Decreto 16/2012 impulsado por el PP abolió el derecho a la salud (800.00 personas perdieron su tarjeta sanitaria) e introdujo el copago sanitario. Luego serían las CCAA las que se encargarían de desarrollar “parches legislativos” que mitigaran el drama de la exclusión sanitaria. Posteriormente, como enmienda al decreto, el PSOE emitió el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. El título de este nuevo decreto simulaba restituir la sanidad universal, pero su contenido daba continuidad a una política sanitaria racista que retira la titularidad del derecho – inherente a todo ser humano - según la situación administrativa de las personas. Un decreto ambiguo y escasamente desarrollado volvía a dejar en manos de las CCAA el reconocimiento y la acreditación de la asistencia sanitaria a las personas extrajeras. De este modo, el actual decreto impone una serie de requisitos para reconocer esa asistencia y agrava, aún más si cabe, la situación de algunos colectivos:
- Impone acreditar un empadronamiento de al menos 3 meses y elimina las excepciones del decreto anterior para la atención en urgencias a embarazadas y menores de edad. Así, a todos aquellos que no demuestren una estancia de 90 días se les emite una factura por los servicios prestados. Puede deducirse entonces el gran número de personas que quedan desamparadas y requieren de un tratamiento continuado o urgente: enfermos de cáncer, problemas cardiovasculares, VIH, interrupción del embarazo, etc. Para estos casos se define una vía excepcional mediante informe de un trabajador/a social que acredite la necesidad de atención urgente. Tenemos constancia de que en diversas CCAA estos informes se quedan en papel mojado.
- Otra exigencia impuesta es la de no tener que acreditar una cobertura obligatoria sanitaria por otra vía, requisito establecido por la ley de Extranjería de contar con un seguro médico privado para obtener el permiso de residencia por reagrupación familiar. Este aspecto está afectando, principalmente, a los migrantes con residencia regular a través de la reagrupación familiar ascendente (tramitada por sus hijos de nacionalidad española o comunitaria), que son sistemáticamente excluidos del sistema sanitario por el gobierno, debido a una interpretación racista que antepone la normativa de extranjería al derecho de atención sanitaria.
- Las personas de nacionalidad española que están en el extranjero también son excluidas del sistema sanitario. Esto afecta principalmente a personas que llevan 3 o más meses fuera y todavía no han encontrado un trabajo, castigando así las situaciones de mayor precariedad.
- Aunque se eliminaba progresivamente el copago a pensionistas, este se sigue aplicando en un máximo del 40% para extranjeros que no tienen regularizada su situación administrativa.
- Inquietante resulta también la mención referente a los trasplantes para extranjeros. Aunque no queda desarrollada, anuncia el establecimiento de unos requisitos y periodos mínimos de los que se deduce unas condiciones discriminatorias para poder acceder a la lista de trasplantes.
Las políticas vigentes son responsables de poner miles y miles de vidas en peligro, llevando a cabo una vulneración racista del derecho a la salud. Recordemos, además, que la financiación pública de los servicios sanitarios proviene exclusivamente de los impuestos (directos e indirectos) a los que toda persona contribuye con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa. Por todo ello, exigimos que nos sea devuelto el derecho robado a la salud y se implante de manera inmediata una sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso, de calidad para todos y todas, sin requisitos ni excepciones, incluidas las personas migrantes en situación irregular.
