La ley paralizada de bebés robados: “No ven necesario juzgar a los culpables” (06/10/2022).
Soledad Luque busca a su hermano mellizo Francisco. Ambos nacieron en la maternidad de O´Donell (Madrid) en 1965, uno de los epicentros de la trama de robo de bebés desplegada durante el franquismo que no se destapó hasta bien entrado el siglo XXI. Ella fue entregada a sus padres, su hermano permaneció en la incubadora con la excusa de que había nacido con poco peso. A los pocos días les dijeron que había fallecido. Nunca han visto su cadáver. En 2010 comienzan a salir a la luz más casos. La sospecha se va convirtiendo en certeza mientras la familia comienza a movilizarse. Francisco ha podido ser robado como tantos otros bebés, derivados hacia familias del régimen. Luque participa en la campaña de sensibilización ‘Todos los niños robados son también mis niños’. Campaña que se convirtió en asociación. Asociación que volcó sus demanda en una propuesta de ley que lleva más de cuatro años en un cajón.
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Violencia obstétrica: mujeres responden con testimonios al negacionismo de Osakidetza, SEGO, CGCOM y Sanidad (06/10/2022).
El 13 de julio de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU hizo público un dictamen donde concluía que una mujer fue víctima de violencia obstétrica en el Hospital Universitario de Donostia. El dictamen explicaba que los hechos narrados por Nahia Alkorta constituyen un episodio de violencia obstétrica: inducción al parto 14 horas después de que rompiera aguas en contra del propio protocolo del hospital que pide esperar 24 horas, tactos vaginales innecesarios, una cesárea mientras la mantenían atada con los brazos en cruz, la separación de su bebé nada más nacer y administración al bebé de biberones son las prácticas relatadas por Alkorta. Estas actuaciones le provocaron daños físicos y psicológicos y se produjeron pese a que la mujer había entregado un Plan de Parto —un documento donde la mujer muestra sus preferencias y que el personal médico conoce con antelación al parto— donde expresaba unos deseos muy diferentes.
El Gobierno de Ayuso admite el escándalo en el hospital de La Paz: más de 22 millones de euros sin concurso (05/10/2022).
Más de diez años sin concurso público. Este es el modus operandi con el que se lleva gestionando desde el 2011 el material de electromedicina del Hospital La Paz con el conocimiento de la Comunidad de Madrid, tal y como ha reconocido el equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a ElPlural.com. Un escándalo que, además, tiene cifras de vértigo: más de 230 contratos por un montante que alcanza casi los 22.500.000 euros.
Investigadores de la Vall d'Hebron identifican un "interruptor" epigenético que bloquea el avance de un cáncer infantil muy agresivo (05/10/2022).
Los investigadores han observado que inhibiendo con fármacos el complejo BAF, un complejo de proteínas esencial para el crecimiento de los tumores, se bloquea la reproducción de células malignas. Este mecanismo permite frenar la progresión del cáncer primario (el neuroblastoma) y a la vez evita que las células invadan otros órganos y tejidos, o sea, la metástasis.
Rafael Pillado, víctima del amianto: “Una vida no se paga con dinero pero mi sentencia se ha quedado corta” (04/10/2022).
“He tenido que aceptar que estoy en un trayecto definido que se puede alargar más o menos, como una goma, pero tiene su fin y hay que asumirlo con la mayor naturalidad posible”. Rafael Pillado (Lugo, 1942), histórico sindicalista y ex trabajador de los astilleros de Ferrol, atiende a El Salto desde una cama de hospital. Con un hilo de voz, que se rompe cuando piensa en todas las víctimas del amianto que se han ido sin tener reconocida su enfermedad, describe que en febrero de este año, y de una manera casual, un diagnóstico puso coto a sus días. Pillado tiene un mesotelioma, un cáncer asociado a la exposición del amianto que se ha manifestado 60 años después de su primer contacto con este material. La semana pasada cruzaba el umbral de la justicia para sentar en el banquillo a la empresa Navantia, antaño Batán, hoy responsable de los daños sobre los trabajadores. La compañía no se presentaba en el juicio, pero sí un nutrido grupo de activistas para respaldar al trabajador afectado.
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