La Comunidad de Madrid sube un 1,5 % los salarios a sus 200.000 empleados públicos

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A este aumento se podría añadir un 0,25 % adicional si lo aprueba próximamente el Consejo de ministros.

Se aplicará con efectos del pasado 1 de enero y se regularizará en la nómina de este mes de julio.

Nota de prensa de 10 de julio de 2018 (acuerdos del Consejo de Gobierno):

En relación con este aumento salarial, el pasado mes de abril publicamos el artículo llamado “Empleo Público. Las diferencias entre lo que se firma y lo que se aplica”. En la parte final del mismo hacíamos referencia incremento retributivo.

Considerando que dicha opinión tiene hoy una más clara relevancia, la reproducimos a continuación:

"Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención a dos asuntos que consideramos de gran importancia, en relación con el incremento retributivo para el personal del sector público, establecido en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo

- Que cada Administración Pública podrá destinar un porcentaje adicional de su masa salarial para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad (en sanidad, al menos, las trabajadoras/es públicos sabemos cómo se reparte la productividad y quienes se llevan las tajadas más grandes) o la aportación a fondos de pensiones (fondos privados, gestionados entre otros por ciertas organizaciones sindicales mayoritarias, mientras se dice defender el sistema público de pensiones).

- Que una vez más y como siempre, las subidas salariales firmadas, además de absolutamente ridículas comparándolas con el poder adquisitivo perdido en los últimos años, perjudican de manera fehaciente a los sueldos más bajos, y que al ser porcentuales (no ya inversamente proporcionales, sino ni siquiera lineales) aumentan cada vez más la distancia entre categorías y por tanto las desigualdades.

- Y para darle una vuelta de tuerca más, estas subidas salariales van ligadas a cumplir los objetivos de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en los años 2018, 2019 y 2020 y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria (déficit público) del año 2020. En vez de utilizar el Índice de Precios de Consumo (IPC) real, no el que calcula el Instituto Nacional de Estadística, que para el año 2017 lo tasó en sólo un 1,7%."