Cuando hablamos de envenenar a la población no hay límites mínimos validos.
A raíz del incendio del cementerio (consentido) de neumáticos de Seseña, se prodigan las apariciones en los medios de formación de masas de políticos y técnicos a sueldo de la Administración, que trasladan el mantra de que no hay peligro, de que los límites de exposición a las múltiples sustancias producidas por la combustión de la inmensa pira no tienen ninguna repercusión negativa sobre la salud de la población, casi dejando caer entre líneas que los límites de adaptación del cuerpo humano a los tóxicos son infinitos.
Pero lo cierto es que las cantidades de tóxicos emitidas a la atmosfera durante estos días debido al incendio planificado del “almacén” de neumáticos, según Ecologistas en Acción (E.A.), serian cercanas al 6,5% del total de emisiones de partículas inventariadas en España durante todo un año (122.190 toneladas en 2014), organización que llega a afirmar que “solo este incendio, podría emitir a la atmósfera tantos HAP como a lo largo de un año en todo el Estado (265 toneladas se registraron en 2014)”.
También según E.A., “las emisiones de los cancerígenos benceno y benzo(a)pireno (BaP) alcanzarían respectivamente 150 y 5,6 toneladas, por citar sólo los contaminantes con límites legales de inmisión. A 300 metros del incendio se han medido 121 microgramos por metro cúbico de benceno (cuando el valor límite anual es de 5 µg/m3), y en la pluma del incendio se han detectado 3.000 ng/m3 de BaP (el valor objetivo anual es 1 ng/m3)”. También denuncian que se están dejando de medir los contaminantes más peligrosos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), benceno, benzo(a)pireno y diversos compuestos volátiles y semivolátiles.
Todo ello gracias a la inacción desde hace años de políticos de todos los colores, demuestra, una vez más, el nulo interés de las Administraciones por garantizar la salud de la población, al tiempo que deja meridianamente claro para quien quiera apreciarlo, su dependencia de los intereses de las empresas de turno.
Lo que el sentido común indica es que no hay garantía alguna de que los tóxicos no estén afectando a miles de personas en estos momentos, y que la dispersión de dichos productos debido al viento es difícilmente predecible, por lo que lo más lógico sería desalojar la zona por un tiempo prudencial, todo lo contrario de lo que están recomendando las diferentes Administraciones.
Seseña no es el primer caso. El año pasado ocurrió un incendio similar en Chozas de Abajo (León), que tardó casi un mes en extinguirse por completo, eso sí, con declaraciones de la Junta de Castilla y León calcadas de las que estos días nos están sirviéndolos los políticos de turno en Madrid y Castilla La Mancha.
Desgraciadamente mucho nos tememos que este nuevo incendio es un avance de lo que puede volver a ocurrir en cualquier momento, en cualquier punto del territorio nacional, dada la existencia de miles de depósitos legales e ilegales de sustancias toxicas sin ningún tipo de control.
Se están sucediendo las señales. El incendio que ha afectado a 240.000 hectáreas, obligado a evacuar a casi 100.000 personas, destruyendo Fort McMurray, la ciudad que surgió de la noche a la mañana gracias a la explotación de las polémicas arenas bituminosas de Alberta (Canadá), y que algunos llaman "Fort McMoney" (provocando la reducción de la producción de crudo canadiense en un millón de barriles de petróleo al día), es un nuevo aviso que debería reabrir el debate sobre la necesidad de replantearnos el modo vida consumista y depredador en el que estamos inmersos.
CAS mayo de 2016.
