(2017-10-20) Juzgarán por malversación a cuatro médicos de un hospital público.

La jueza del ‘caso Marañón’ asegura que el mayor perjuicio fue retrasar pruebas de los pacientes.

El procedimiento era sencillo y se hacía a plena luz del día y con todos los trabajadores del departamento como testigos. Los médicos patólogos prescribían en sus clínicas privadas una biopsia o una citología a sus pacientes. Sus colaboradores, que también simultaneaban la privada con la pública, trasladaban las muestras al hospital público y se las dejaban a una técnico de laboratorio para que esta hiciera los análisis o se los encargara a algún otro auxiliar usando gratis las máquinas del centro.

Los resultados volvían a la privada y se le cobraban al paciente o a la aseguradora. Beneficio neto, cero gasto.El hospital público del que se aprovecharon durante años estos médicos es uno de los mayores de España, el Gregorio Marañón, en Madrid. Y su actuación, según la Fiscalía, consiste en un delito de malversación que tuvo “un alto coste para las arcas públicas”. El conocido como caso Marañón irá a juicio ante el tribunal del juzgado, según ha decidido la juez de instrucción que lleva desde 2015 investigando la presunta trama que usaba los recursos (máquinas y reactivos) del departamento de Anatomía Patológica de este centro.

Tras un detallado informe de dos inspectoras de la Consejería de Sanidad madrileña, el número de investigados (figura que ha sustituido a la de imputado) se ha reducido a cuatro de los 12 que originalmente lo estuvieron: tres médicos –un cuarto falleció el año pasado—y una técnico de laboratorio. Según ha determinado la investigación, se pusieron de acuerdo para hacer 2.770 pruebas para la privada a costa de la pública solo entre 2012 y principios de 2015. Un perjuicio para el hospital que, según la Consejería de Sanidad, fue de 62.474 euros.

La jueza reconoce que la cantidad no es elevada, pero en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS apunta al auténtico perjuicio: mientras las máquinas trabajaban para el provecho de esos médicos, no lo hacían para los pacientes públicos que esperaban resultado de una biopsia que les confirmara si tenían cáncer o no, o de qué tipo o con qué medicación se les podría tratar mejor.

Las máquinas de inmunohistoquímica --tan costosas que generalmente los hospitales no las compran, sino que las tienen en leasing a cambio de comprar los reactivos-- se usaban para los hospitales privados Nuestra Señora del Rosario y San Rafael, donde trabajaban los implicados, dice la jueza, que concluye: “Durante dicho uso las máquinas quedaron inservibles para el uso que tenían asignado, afectando a la prestación de un servicio público destinado a atender la salud de los pacientes de la sanidad pública”. 

El pasado 4 de octubre la jueza llamó a declarar a 34 testigos, todos ellos médicos, auxiliares o técnicos del servicio de Anatomía Patológica del hospital. Entre ellos, Juan Carlos Martínez, el patólogo que destapó el escándalo llevándolo a los medios de comunicación al ver que la denuncia interna no funcionaba. Martínez, que había llegado al centro en 2013 después de trabajar 25 años en otro hospital madrileño, se sorprendió al ver que las irregularidades se desarrollaban ante la mirada de todo el mundo --las tildó de “vox pópuli en el centro”-- y decidió denunciarlas. Martínez se jubiló el año pasado.

Varios de los testigos certificaron que las prácticas que se van a juzgar como malversación existían desde hace décadas en el hospital, según fuentes jurídicas. La normalidad con la que se hacían pruebas de hospitales privados era tal que uno de los testigos describió el pasado día 4 una bronca entre los técnicos de laboratorio que se desató cuando un día tres de las cuatro máquinas estaban ocupadas por los encargos de la privada y los trabajadores no daban abasto para hacer las pruebas de los pacientes públicos.

La relativamente baja cantidad malversada ha servido para que las defensas intenten el sobreseimiento de la causa. Argumentan en sus recursos que no hay delito porque no existe el “grave perjuicio para la causa pública”. De hecho, la defensa de Emilio Álvarez, el que fuera jefe del servicio, ya no trata de argumentar que los hechos no se produjeran, sino que aduce que la actividad normal del laboratorio “en nada se vio afectada por ese supuesto uso irregular” y que la cantidad gastada “supone un 0,002% (o a lo sumo, un 0,005%) del presupuesto total del Hospital Gregorio Marañón” en 2015, que “ascendió a la astronómica cantidad de 494.397.336 euros”.

“La cuota supuestamente malversada es ínfima e insignificante”, insiste el recurso, sobre el que tiene que decidir la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de Álvarez, que lleva el despacho Ollé Sesé, ha intentado sacar de la causa a CC OO, que ejerce la acusación popular.

La jueza cree que “se aprecia base suficiente de la concurrencia de los elementos del delito investigado”, por lo que rechaza la petición de sobreseimiento de la defensa de Emilio Álvarez, el que fue el máximo responsable del departamento hasta su jubilación el 30 de septiembre de 2014. Patólogo de prestigio, investigador y docente en la Universidad Complutense, fue condecorado por Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, con una de las 35 medallas de plata que distinguen a empleados públicos.

El hospital San Rafael tenía contratado con Álvarez el servicio de anatomía patológica desde 2001. La investigación ha determinado que 1.069 técnicas diagnósticas de pacientes de este centro privado las hizo gratis en el Marañón en apenas dos años y medio. La investigación no ha podido retroceder más años. Álvarez ya ha ingresado 24.726 euros en el juzgado en concepto de reparación del perjuicio ocasionado. Según su defensa lo ha hecho como “gesto de voluntad y colaboración”.

Beatriz López Martínez Bernal, hija del patólogo fallecido en 2016, Miguel Ángel López de la Riva, y también investigada en la causa, ha ingresado casi 16.300 euros. Ella era quien, según el relato del fiscal, llevaba las muestras del departamento de anatomía patológica de la clínica privada Nuestra Señora del Rosario, dirigido por su padre, al Marañón para entregárselas a Maria Luisa Herranz, técnico de laboratorio a la que también se acusa de malversación. Herranz ha depositado en el juzgado 839 euros. La tercera patóloga encausada es Carmen López Varela, que también compaginaba la práctica pública con la privada en Nuestra Señora del Rosario. Otro patólogo, Manuel Lecona, ya no está investigado (la figura del antiguo imputado).

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Enlace original El Pais.

 

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