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(2017-03-30) Listas de espera por comunidades (algunas). Faltan las pre-listas.

Nota: Las listas de espera (quirúrgicas y diagnósticas) han formado parte desde hace décadas del pacto de silencio entre todos los partidos políticos para impedir el conocimiento del funcionamiento del SNS, y por tanto de los diversos servicios de salud autonómicos. Las grandes diferencias de financiación y gasto sanitario entre comunidades, mantenidas históricamente, han dado lugar a sanidades de muy diversa calidad, prestaciones y diferentes velocidades, dependiendo del lugar de residencia.

El País publica hoy datos de las listas de espera por comunidades autonomas (no todas), datos conseguidos después de que el "Consejo de Transparencia y Buen Gobierno" instara al Ministerio de Sanidad a facilitarselos. Es un primer paso, pero el acceso a los datos desagregados que permitan conocer el funcionamiento de lo que se financia con nuestros impuestos deberia ser libre, y no dependiente de trámites burocráticos de mil tipos.

Sin embargo faltan datos. Aparte de comunidades que no aparecen (Catalunya y Valencia), no se han publicado, ni se publicarán las "pre-listas", esas que son mantenidas en cajones a la espera de que la "lista oficial" vaya dejando huecos que permitan ir incorporando a estos pacientes, y éstas, como las meigas, parece que existen, pero son desconocidas.

LA NOTICIA:

Los canarios esperan, de media, 162 días para someterse a una operación quirúrgica. Los castellano-manchegos, 147. En cambio, los riojanos y los vascos apenas permanecen en lista de espera 46 y 49 días de media, respectivamente. Es decir, los españoles que viven en unas comunidades esperan hasta tres veces más que los de otras para ser operados en la sanidad pública.

Las estadísticas sobre listas de espera quirúrgicas, que permiten conocer dos veces al año cuántos pacientes aguardan una operación y cuánto tiempo han esperado, llevaban más de una década sin incluir datos desglosados por comunidades, lo que impedía compararlas. Por primera vez, y gracias a la Ley de Transparencia, se conoce ahora ese desglose, uno de los secretos mejor guardados de la política sanitaria.

Lo que muestran esos datos, que EL PAÍS ha obtenido después de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instara al Ministerio de Sanidad a facilitárselos, es la enorme desigualdad entre los territorios del Sistema Nacional de Salud. No solo en tiempo de espera; también en el número de pacientes que aguardan una intervención, casi el triple en Murcia que en Andalucía. Si en la primera comunidad la tasa es de 20,5 por 1.000 habitantes, en la segunda es de 7,3 según el último dato, de 30 de junio de 2016.

El Defensor del Pueblo publicó un completo informe monográfico en 2003 en el que ya alertaba de los “acusados desequilibrios” entre comunidades. Ese mismo año se aprobó un real decreto que definía cómo homogeneizar los datos de la lista de espera, pero al año siguiente el Ministerio de Sanidad (con Elena Salgado al frente) se reunió con las comunidades y acordaron no hacer públicas sus diferencias para evitar las comparaciones y los agravios.

Desde entonces solo se conoce la media nacional y no se había podido actualizar el trabajo del Defensor del Pueblo. Pese a que, en general, las comunidades autónomas sí hacen públicas sus listas de espera, cada una emplea una metodología distinta tanto para elaborarlas como para presentarlas a los ciudadanos, lo que hace imposible su comparación exacta. El Gobierno ha denegado incluso a los diputados del Congreso el acceso a estos datos desglosados alegando que Sanidad acordó en 2004 tener conocimiento solo de “datos globales”.

La estadística ahora publicada permite comprobar qué comunidades tienen problemas para cumplir con el criterio de los seis meses de espera máxima, considerado por algunas de ellas un indicador de calidad que garantizan por decreto. Por ejemplo, una vez más, destaca el mal dato de Canarias, donde el 29% de quienes aguardaban para operarse en junio pasado llevaba más de 180 días en la lista. En Extremadura era el 21%. Por debajo del 1% estaban Asturias, Madrid, País Vasco, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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