La trampa de los 'contratos mordaza' a enfermeros emigrados en Alemania.

Profesionales sanitarios que viajaron al país germano atraídos por las atractivas condiciones laborales se encuentran con cláusulas que les obligan a pagar entre 6.000 y 12.000 euros si dejan el puesto de trabajo antes de tiempo.

BERLÍN.- En internet proliferan las ofertas laborales para que los recién titulados en enfermería en diversos países trabajen en Alemania. Son, en su mayoría, ofertas jugosas en las que las empresas de reclutamiento les prometen emigrar a cambio de lo que inicialmente parecen buenas condiciones laborales. Se ofrece un curso de idioma hasta nivel B2 (intermedio), momento en el que estos profesionales podrán hacer el reconocimiento de su título, que en el país germano no se trata de una carrera universitaria, sino de una formación profesional. 

Las condiciones que les brindan son, en principio, bastante más beneficiosas de lo que normalmente podrían tener en España. Lo mismo ocurre en otros países de Europa del sur, como Grecia o Italia. Por eso cada año miles de personas de las zonas con más paro de la Unión Europea emigran a Alemania con la intención de trabajar en el sector sanitario.

Alemania no tiene un sistema nacional de salud, por lo que la gestión de las clínicas no parte del propio Estado, sino de empresas privadas. Cuantos más pacientes tenga una clínica, mayor es la partida económica que la aseguradora (o Krankenkasse) destinará a ese centro médico. Esto provoca una carencia de personal que se intenta paliar con trabajadores extranjeros. 

El obstáculo inicial es el idioma, pero los aspirantes acuden a cursos intensivos de alemán mientras están en régimen de auxiliares de enfermería, para pasar después (tras la obtención del título B2) a cobrar como enfermeras tituladas. La trampa de esta formación idiomática es que se exige la devolución de su coste a la empresa si el trabajador rescinde su contrato antes de lo previsto, a pesar de que normalmente suele estar financiada por fondos europeos no retornables. 

En muchos de estos contratos se especifica esta cláusula económica, que supone pagar penalizaciones de entre 6.000 y 12.000 euros por persona. Es lo que popularmente se conoce como “contratos mordaza”. La mayoría firma a pesar de todo, pues no esperan que las idílicas condiciones que inicialmente se proponen vayan a hacer que tengan que dejar el trabajo antes del plazo establecido. La sanción va disminuyendo cada mes trabajado hasta llegar a desaparecer en el momento de vencimiento del contrato.

Otro factor que entra en juego para que se acepte esta exigencia es la presión ante la disyuntiva de elegir entre desempleo o la precariedad a la que se ven abocados estos profesionales en sus respectivos países. Son los ingredientes perfectos para la situación de explotación que vivirán en Alemania después muchos de ellos. Así ocurrió con Natalia Sierra, una de las que pudo librarse de asumir esta cuantía. “La empresa en ningún momento nos desglosó la cantidad a pagar, luego no sabíamos por qué nos exigían esa suma. Me organicé con otras compañeras, nos afiliamos a un sindicato y algunas de nosotras pudimos irnos sin tener que pagar”, cuenta. 

Otros no tuvieron tanta suerte. Pedro Alonso explica que “el problema viene cuando te enteras de que el curso de idiomas se subvenciona con dinero público y que ese dinero no parte de la propia empresa. Yo no me pude librar. Me quitaron del sueldo lo proporcional al irme cuatro meses antes de lo que había firmado”. 

Tras hacerse pública la existencia de estas “multas”, algunas empresas optaron por esconder su existencia en futuros contratos. Le sucedió a Lorena Rodríguez, quien preguntó explícitamente por esta cláusula antes de mudarse a Alemania. Le respondieron que no habría problema si quería regresar o dejar el trabajo antes de tiempo, pero no era cierto que no hubiese penalización. “El segundo día que llegamos a Alemania, una vez instalados, vinieron a hablar con nosotros el director de la clínica, la directora de enfermería y los de la empresa de reclutamiento. Esta vez habían cambiado la redacción del contrato inicial. Los de la empresa de reclutamiento nos hicieron un resumen en castellano del nuevo contrato (escrito en alemán) en el que aparecía la famosa multa, pero nos dijeron que no le diésemos importancia, pues si nos marchábamos quedaría rescindida. Tengo compañeras que volvieron a España porque encontraron trabajo y tuvieron que pagar 7.000 euros de multa”, relata. 

Uno de los principales motivos por el que dejan sus trabajos es por las irregularidades que en ocasiones se cometen. “No sabría por dónde empezar. Aparte de la sobrecarga de horas, trabajaba en cuidados intensivos y se suele ganar un plus por toxicidad. No lo recibimos hasta un año y medio después de haber trabajado en esa planta, mientras que mis compañeros alemanes lo recibían a los seis meses. Atendíamos a los mismos pacientes que ellos”, puntualiza Rodríguez. Continúa con un relato demoledor. “Otra cosa que me pareció inusual es la de las radiografías. En intensivos se pueden hacer con una máquina portátil. El técnico de rayos coloca el aparato y avisa al personal sanitario cuando va a hacer la radiografía para que se proteja (normalmente en una cabina o detrás de una pared), pues esta desprende radiación. Nunca nos han avisado para que nos resguardemos”. 

Debido a la falta de personal en el sector de la salud es relativamente sencillo encontrar otro trabajo en el mismo campo laboral en Alemania, así que la rotación de profesionales es muy rápida. Algunos optan por asumir la sanción económica y buscar otro trabajo donde las condiciones sean un poco mejores o sin este requisito de permanencia. Para luchar contra la precariedad de forma colectiva nació el Grupo de Acción Sindical (GAS), un grupo de trabajo del 15M-Marea Granate Berlín. Ainara Gómez colabora con esta iniciativa activista. “Hay que detener este abuso, la multa se debería eliminar en su totalidad. Por ello es importante organizarse dentro de las empresas y denunciar las condiciones del sector. Se aprovechan de la falta de personal para exigir dichas cuantías económicas, así consiguen que los trabajadores permanezcan en las empresas en peores condiciones, pues encontrar un trabajo mejor remunerado no es tan complicado aquí”, dice. 

Otro activista del grupo es Miguel Sanz. “Esta multa es de aplicación casi exclusiva para extranjeros que se trasladan a Alemania. Si no existiera, ocasionaría la subida de los salarios porque los profesionales buscarían empleos mejor remunerados y las empresas se esforzarían en ofrecerles mejores condiciones para atraerlos ante esta carencia de personal. El vacío en la ley laboral y de formación en Alemania permite que esta multa se haya convertido en una práctica generalizada por la patronal del sector”, explica.

Sobre la sanción, hay muy poca jurisprudencia al respecto. El año pasado un juzgado de Potsdam (Brandenburgo) desestimó un contrato “mordaza” porque en el mismo no aparecían descritas las causas por las que el trabajador podría abandonar la empresa, pero sí por las que podría ser despedido disciplinariamente. Miguel Sanz añade que “la multa pone a los trabajadores extranjeros en clara desventaja respecto a los nativos, que no tienen multa y pueden dejar la empresa cuando quieran, sin contrapartidas. Esto se usa para presionar a la baja los salarios y las condiciones del conjunto de la plantilla”. El GAS no es realmente un simple servicio voluntario de asesoramiento legal o laboral, sino un espacio para abordar los problemas laborales de forma colectiva. Además de ayudar a los trabajadores, los conectan con sindicatos alemanes y también organizan campañas. 

Uno de los sindicatos con sección sindical de salud es Ver.di. Su secretario en esta materia, Kalle Kunkel, declara que “ambas vías de organización son válidas, pero hay que resaltar la importancia de organizarse colectivamente, pues es mucho más efectivo. La opción que existe si se intenta luchar de forma individual es la justicia”.

También Jan Latza, trabajador del partido Die Linke, piensa que es importante establecer redes colectivas de lucha. “Está claro que los trabajadores extranjeros son más vulnerables a sufrir estas condiciones porque normalmente se les ofrecen mejores salarios que en sus lugares de origen. Desgraciadamente, estos contratos no son ilegales en Alemania, aunque sí amorales”, manifiesta. El acusado envejecimiento en Alemania provoca que 30.000 puestos de trabajo en el sector de la sanidad estén vacantes actualmente. Se calcula que en 2030 se necesitarán hasta 300.000 nuevas incorporaciones.

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