Puntos básicos que debería asumir cualquier partido que pretenda una verdadera defensa de la Sanidad Pública.
Comunicado CAS Madrid.
Derogación de la Ley 15/97. Rescate de los centros privatizados* que, mediante un estudio independiente se demuestren necesarios. *Rescisión de los contratos que se consideren innecesarios (se trata de centros construidos con dinero público, que han provocado el cierre de cientos de camas en centros estatales (1) y cuestionando su supervivencia).
Derogación del Real Decreto 16/2012 y universalización de la asistencia.
Catálogo de prestaciones y de tiempos máximos de espera unificados, independientemente del lugar de residencia.
Derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. No más derivaciones a centros privados. Implantación de un turno de tarde para aquellas categorías necesarias con el fin de utilizar al 100 por 100 los recursos existentes, lo que permitiría reducir el paro y dar mejor atención.
Incompatibilidades absolutas público-privado para acabar con las corruptelas y el pluriempleo, permitiendo la creación de plazas para (y) evitar la emigración entre los jóvenes profesionales.
Prohibición de cualquier sistema de incentivos económicos, todos ellos ligados a la reducción del gasto, la agilización de las altas, el deterioro de la calidad asistencial, etc.
Industria farmacéutica básica sin ánimo de lucro y distribución de los medicamentos más prescritos desde los centros sanitarios. Emisión de licencias obligatorias para los medicamentos más demandados o de alto interés, como es el caso de la Hepatitis C y otras enfermedades.
Planes urgentes de actuación sobre los determinantes económico-sociales de la mortalidad: contaminación atmosférica, tabaco, alcohol, agrotóxicos, alimentación, derecho a la vivienda, a la energía… etc.
Estos puntos son un resumen de nuestras propuestas
para las pasadas elecciones generales: http://goo.gl/7j01nm
(1) Llamamos centros estatales, con contraposición a los privados-empresariales, a los mal llamados “públicos”, centros mantenidos con nuestro dinero, con personal dependiente de la Administración, pero en los que las decisiones se toman por los gestores y políticos de turno, sin ninguna posibilidad de participación real de pacientes y trabajadoras/es en su gestión.
