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Penosas condiciones para la extracción y recogida de muestras en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La Sección Sindical del Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS) denuncia a la Consejería de Sanidad y a los laboratorios UNILABS en relación con el fondo y la forma en que se están llevando a cabo las extracciones de sangre y recogida de muestras de orina para los reconocimientos médicos de las trabajadoras y trabajadores públicos  de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad.

En primer lugar denuncia como un posible delito contra la Salud Pública la vulneración de las normas más elementales de seguridad e higiene en la extracción de sangre, recogida de orina y  transporte de muestras y de residuos. Se incumplió de forma reiterada la normativa que rige, tanto la realización de análisis clínicos descentralizados (Orden 2096/2006 de 30 de noviembre de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid), como la relativa al transporte de muestras para análisis clínicos (Decreto 83/1999 de 3 de junio).

Las extracciones de sangre y recogida de muestras de orina se realizaron en salas de reuniones, sin ventilación, en las que no se había realizado ningún acondicionamiento especial, y que no contaban siquiera con un lavabo con lo cual se hizo imposible el lavado de manos de las profesionales, ni antes, ni durante la ejecución de sus tareas. Tampoco se utilizó ningún tipo de solución alcohólica para la higiene de las manos entre paciente y paciente.

El único personal sanitario fueron dos enfermeras. No había personal médico, ni camilla, ni por tanto la medicación necesaria para atender cualquier reacción adversa.

La empresa UNILABS no había provisto a las enfermeras de bata, con lo que se vieron obligadas a realizar su trabajo con la misma ropa de la calle. Tampoco estaban provistas de guantes, hecho especialmente grave dada la imposibilidad ya citada de lavarse las manos y que obligaba a las trabajadoras a realizar la extracción de sangre con las manos sin lavar, tras recibir los correspondientes tubos de orina, que se entregaban directamente, sin mayor protección, con riesgo evidente para la salud de las trabajadoras sanitarias que realizaron la extracción y las personas a quienes se extrajo sangre.

Las extracciones se realizaron apoyando el brazo sobre la mesa abatible incorporada a la silla sin sabanilla, ni ningún otro tipo de material sanitario de protección.

El trasporte del material necesario para las extracciones, las muestras recogidas y los desechos originados no se realizó en vehículo especial alguno, ni por transportista con la formación adecuada. Se incumple así la normativa que regula el transporte de residuos sanitarios específicos de riesgo aplicable a jeringuillas y agujas, como es el caso (Orden 83/1999 artículos 29,30 y 31).

En segundo lugar el SAS considera que la contratación de una empresa privada para la realización de las revisiones médicas de los empleados y empleadas públicas de la Consejería de Sanidad, cuando los centros sanitarios públicos garantizan mucha mayor calidad y están infrautilizados, es un despilfarro de fondos públicos especialmente inaceptable cuando se están recortando masivamente recursos y prestaciones sanitarias.

La empresa UNILABS -integrada en CAPIO desde 2008, gestiona las analíticas de un millón de madrileños, tras cerrar la Consejería de Sanidad los laboratorios públicos de los Centros de Especialidades Vicente Soldevilla, Coslada, Aranjuez y el del Hospital Virgen de la Torre- ha sido denunciada repetidamente por lxs profesionales de la sanidad pública por la falta de calidad de los análisis, los múltiples errores y pérdidas de muestras. 

Es legítimo preguntarse:

•Si UNILABS  lleva a cabo las extracciones y el transporte de muestras en las condiciones relatadas en plena Consejería de Sanidad, ante el personal encargado – en teoría – de controlar la calidad de su servicio, ¿en qué condiciones lo hará en otras instalaciones?

•Si la Consejería de Sanidad permite semejantes desmanes en su propia sede ¿Qué garantía hay de que obligue a cumplir la normativa vigente a las empresas privadas que gestionan centros sanitarios públicos y con las que establece conciertos?

El SAS entiende que esta es una muestra más de la política de la Consejería de Sanidad de desmantelar la sanidad pública para favorecer el negocio privado, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes. La contratación de medios privados cuando los públicos se cierran o están infrautilizados es una malversación de caudales públicos de la que se benefician sus dirigentes, como bien han demostrado los casos de los ex Consejeros Lamela y Güemes. Este último tuvo que dimitir como Consejero de UNILABS ante el escándalo provocado por su nombramiento en  la misma  empresa a la que había transferido la realización de las pruebas analíticas tras cerrar los laboratorios públicos más arriba citados.

Esta Sección Sindical entiende que, además de escandalosa, la actuación de los responsables de la Consejería y de la empresa citada podría ser delictiva, por lo que se estudia interponer la correspondiente  denuncia ante los tribunales de justicia.

Los hechos referidos ponen de manifiesto la falta de escrúpulos con la que la Consejería de Sanidad trata la vigilancia de la salud de sus trabajadoras y trabajadores y se descubre – una vez más – a los extremos que lleva lo que demuestra ser su preocupación esencial: engordar las cuentas de resultados de las empresas privadas, en especial de Capio (ahora IDC), que luego proveerán de jugosos puestos en Consejos de Administración a sus altos cargos.

A instancias del Sindicato Asambleario de Sanidad (SAS), los hechos que aquí se relatan fueron denunciados a la Consejería de Sanidad mediante un escrito firmado por el Comité de Empresa, la Junta de Personal y el Comité de Salud Laboral, con fecha 9 de mayo de 2013.

Mayo 2013.

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