¿Se recuperará algún día el call center?

En enero de 2016 PSOE, Ciudadanos y Podemos se aliaron en la Asamblea de Madrid, para aprobar una “Proposición No de Ley”, para “reintegrar en el SERMAS el servicio de citas médicas centralizado” cuando finalizase la concesión, el pasado mes de abril. Las Proposiciones no de Ley (PNL) son un mecanismo parlamentario, sobre todo tipo de temas, que aunque se someten a votación de los diputados, al no tener carácter de ley, no son vinculantes, es decir, no son de obligado cumplimiento por parte del partido que gobierna, lo que es un dato más a añadir a la ineficaz “democracia parlamentaria” cuando se topa con los intereses de las empresas de turno.

El servicio de citas médicas lleva en manos de la empresa Indra SA desde el año 2010, que durante estos 6 años se ha embolsado la suma de 41 millones de €, es decir, casi 7 millones de € al año, por una actividad que hasta 2010 realizaban los propios trabajadores del SERMAS sin problemas que justificaran dicha privatización. Esto permitía a los propios trabajadores del SERMAS, conocer la situación de las lista de espera de los hospitales de su zona, lo cual dejó de ser posible tras del paso a manos de Indra. 

Como denunciamos ya en 2009, la puesta en manos privadas de las citas médicas y la creación del “área única”, eran no solo un paso más del proceso de privatización de hospitales que se inició en 2004, sino que  eran absolutamente imprescindibles para establecer en Madrid un “mercado sanitario”, el cual requería quitar de “manos públicas” las citas de pacientes, para así poder derivar los procesos y pacientes rentables hacia los hospitales privados, y los no rentables  a los gestionados aun por la Administración.

Así, aunque en enero reconocimos la aprobación de la PNL como una buena noticia, siempre mantuvimos dudas sobre su posible aplicación; dudas que se incrementan a día de hoy, ya que han pasado cuatro meses y el Gobierno de Cristina Cifuentes no está anunciando la finalización de la concesión privada y su vuelta a manos públicas.

Por ello, esperamos de los partidos que aprobaron la proposición, que vaya más allá y conviertan en ley de obligado cumplimiento la vuelta a manos públicas la gestión del call center; de no ser así se estaría dejando claro que ciertas actuaciones parlamentarias son un mero lavado de cara para la opinión pública.

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